La Economía del Empobrecimiento Común
Publicado el 21 mayo 2013 por Juan Ramón Rallo
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Uno de los libros que mayor popularidad está cosechando en los últimos meses es “La Economía del Bien Común”, de Christian Felber. Su marketing se ha visto impulsado por dos elementos: uno, su título buenista (¿quién puede oponerse a algo que se denomina “la Economía del Bien Común”?); dos, que propone una “regeneración económica” de un sistema que, en efecto, tiene enormes defectos. Muchos de quienes se suman a esta nueva ola de la Economía del Bien Común (EBC) buscan ciertamente impulsar una reforma radical del sistema que esté orientada a favorecer al mayor número de personas: constatan los problemas del entorno actual y promueven cambios que nos beneficien a todos. Lógico.
Sucede, sin embargo, que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Buscando hacer el bien podemos, en ocasiones, causar un mal mucho mayor al que pretendíamos enmendar. Es más, los hay que incluso puede emplear el envoltorio de las buenas intenciones para confundir al lector y hacer que se sume a un programa político auténticamente pauperizador para el conjunto de los individuos. Así sucede con la EBC: bien o mal intencionada (irrelevante para el debate de fondo), su programa supone una frontal amenaza para la libertad y la prosperidad de aquellos países que deseen imponérsela a sus ciudadanos. Esto es, justamente, lo que vamos a intentar probar a lo largo de este ensayo.
El esquivo concepto de “bien común”
Ya de entrada el propósito de la EBC es problemático: aspira a conseguir el bien común de todos los ciudadanos. Pero, ¿cómo definimos bien común? Desde luego no es una tarea sencilla. Primero, porque no todos tenemos el mismo concepto de bien: ni todos alcanzamos la felicidad del mismo modo, ni, sobre todo, tenemos una opinión idéntica sobre cómo nos gustaría que se comportaran los demás. Hay personas que valoran más la libertad, otros la igualdad; algunos más el individualismo, otros el comunitarismo; algunos conceden una importancia cardinal al medio ambiente, otros escasa; algunos son muy religiosos, otros ateos; los hay austeros, otros muy manirrotos; los hay largoplacistas, otros muy cortoplacistas; a algunos les gusta el deporte, otros lo detestan; algunos querrían prohibir la telebasura por denigrante y corruptora, a otros les encanta, etc.
Segundo, porque, aun cuando todos tuviéramos una misma opinión sobre cuáles son los valores primordiales, a buen seguro no todos coincidiríamos en su importancia relativa. Por ejemplo, todas las personas de una comunidad podrían llegar a coincidir en que la preservación del medio ambiente y la libertad de expresión son dos valores esenciales. Pero, ¿coincidirán todos ellos en su importancia relativa? Un ecologista radical, por ejemplo, podría oponerse a la poda de un árbol aun cuando tuviera el propósito de extraer el papel con el que confeccionar una tirada de periódicos, mientras que otra persona puede anteponer la edición del rotativo a la poda del árbol. Dado que la Economía se ocupa de estudiar el uso de recursos escasos entre fines competitivos, esta no homogeneidad de la definición de bien como consecuencia de la distinta importancia relativa de los valores adquiere una relevancia básica: ¿puede haber una Economía basada en un indeterminado bien común?
No, en realidad, cuando se habla de EBC se está hablando del bien “según la mayoría”. Es decir, que un conjunto mayoritario de personas imponga al resto su visión particular del “bien común”. Pero, en tal caso, subordinamos la idea de bien de la minoría a los deseos de la mayoría: lejos de alcanzar un bien universal común, nos quedamos con que la mayoría instrumentaliza a la minoría para alcanzar aquellos fines que considera “buenos” o “superiores”.
Los habrá que consideren que este resultado es inevitable, que en todo orden social algunos fines se han de imponer sobre todos y que, por tanto, lo lógico es que sea la mayoría la que medre sobre la minoría. Empero hay otra posibilidad: ¿qué sucedería si definiéramos el bien común como un marco normativo muy general donde todo el mundo tuviera la posibilidad de tratar de satisfacer sus fines en cooperación de los demás? El bien común, lejos de imponer a todo el mundo unos objetivos precisos y particulares, sería el conjunto de condiciones que permitirían que los fines particulares emergieran, interactuaran, se complementaran y colaboraran entre sí: no se trata de que nos den a todos el menú de objetivos vitales inflexiblemente tasado, sino que nos permitan ir creándolo y descubriéndolo por nuestra cuenta y con la ayuda voluntaria de los demás (nada de esto supone asumir que el ser humano siempre sabe lo que le conviene en tanto es completamente racional; basta con admitir que necesita ir probando y equivocándose para aprender a tratar de ser feliz). En este sentido, el Nobel Friedrich Hayek distinguía entre dos tipos de órdenes sociales: los nomocráticos (donde la sociedad como sociedad carecen de otro fin salvo el de permitir a los distintos individuos y agrupaciones de individuos que persigan pacíficamente los suyos propios) y los teleocráticos (donde la sociedad les imponía ciertos fines vitales al resto de individuos). Los primeros eran las “sociedades abiertas” y los segundos las sociedades despóticas.
El mercado libre es un ejemplo paradigmático de orden nomocrático: todos pueden intentar alcanzar sus fines cooperando con el resto de individuos de manera voluntaria. La Economía del Bien Común, por el contrario, sería una organización teleocrática: la mayoría le impondría a la minoría por la fuerza los fines hacia los que debería dirigirse. Querría pensar que resulta evidente por qué los órdenes nomocráticos son mucho más respetuosos con el “bien común” que unas organizaciones teleocráticas que lo subvierten en aras de un mal entendido y peor definido “bien de la mayoría”. Sin embargo, atendiendo a la descripción que realiza Felber de la naturaleza y del funcionamiento de los mercados libres, uno puede llegar a entender por qué la gente que haya leído el libro los deteste como si de una plaga bíblica se trataran, por mucho que en realidad sean órdenes nomocráticos.
La Economía del Bien Común no entiende el libre mercado
Felber describe la economía de libre mercado como “un sistema con normas que potencian la búsqueda de beneficios y la competencia. Estas pautas incentivan el egoísmo, la codicia, la avaricia, la envidia, la falta de consideración y de responsabilidad”. A su juicio, el punto de partida de toda economía de mercado es la mano invisible de Adam Smith: la idea equivocada de que partiendo el egoísmo individual alcanzaremos el bien común. Así, según Felber, “si las personas persiguen su propio beneficio como única meta y actúan las unas contra las otras, aprenden a ser más astutas que los demás y creer que ésta es la forma correcta y normal de actuar”; el propósito, pues, pasa a ser el de abusar de los demás para alcanzar nuestros fines personales: “en el libre mercado es legal y usual que instrumentalicemos a los demás y con ello vulneremos su dignidad. No es nuestra meta preservar su dignidad. Nuestra meta es lograr el provecho propio”.
Este abuso de unos sobre otros es perfectamente factible porque las personas partimos de situaciones de desigualdad que los más poderosos aprovechan en su propio beneficio. Por ejemplo: “la media de los empleadores puede más fácilmente que la media de los trabajadores retroceder ante un contrato de trabajo para fijar sus términos” o “la media de las gestoras inmobiliarias puede más fácilmente que la media de los inquilinos tomar distancia antes de firmar el contrato de arrendamiento y con ello establecer los requisitos de éste”. Pero la competencia feroz no sólo termina perjudicado a los más débiles, sino también a los más fuertes: el mayor activo de una sociedad no es la competencia, sino la confianza y la competencia salvaje que busca machacar al prójimo en provecho propio socava esa confianza. La competencia no es en absoluto necesaria, porque está demostrado que no es el principal elemento motivador de las acciones de las personas: “Los mejores rendimientos no se llevan a cabo por la existencia de un competidor, sino porque la gente se fascina por algo concreto, se llena de energía, colma sus esperanzas en realizarlo y se entrega por la causa. No necesita competencia”.
La competencia desalmada del mercado termina, en consecuencia, degenerando en resultados sociales indeseables como la concentración de poder (en forma de “corporaciones gigantescas”), la asociación empresarial en forma de cárteles, asignaciones de precios ineficaces (la gestión de un hedge fund se remunera mucho más que el cuidado de los hijos o la jardinería), desigualdad de ingresos, hambrunas que conviven con la opulencia, destrucción ecológica, obsesión por la acumulación de bienes materiales frente a otros objetivos como el tiempo libre, corrupción moral donde quienes medran son los más egoístas y asociales y perversión de la democracia para maximizar los beneficios. Motivos que supuestamente demuestran el carácter antisocial del capitalismo y la necesidad de reemplazarlo por la EBC.
La exposición de Felber demuestra, no obstante, un hondo desconocimiento de cómo funciona una economía de libre mercado. De hecho, una de las trampas que subrepticiamente desliza a lo largo de su texto es asumir que el paradigma de economía de libre mercado es la muy intervenida y distorsionada economía actual, donde en efecto hay algunos elementos propios de un capitalismo liberal, pero muchos otros que no: altísima presión fiscal, peso desproporcionado del Estado, regulaciones omnipresentes, rescates de empresas quebradas, privilegios a grupos de presión, etc. El propio Felber, por ejemplo, señala que su EBC se inserta dentro del libre mercado, pero obviamente ello no lo convierte en un sistema económico liberal: tampoco al estatismo corporativista que hemos vivido en las últimas décadas.
Aclarado esto, podemos empezar a desmentir los diversos errores de Felber. Los dos pilares sobre los que asienta Felber el libre mercado son el egoísmo individualista y la competencia feroz entre las personas: dado que tengo que satisfacer sólo mis fines, he de competir y prevalecer sobre los demás aun a costa de que ellos se vean frustrados y perjudicados. Nada de esto es cierto.
En cuanto al egoísmo, ya hemos explicado más arriba que los valores (morales y económicos) de cada persona no sólo son distintos, sino que su importancia relativa también lo es. No todos logramos la felicidad del mismo modo ni nos autorrealizamos de igual manera, motivo por el cual hemos de ser capaces de perseguir en cada momento los fines que consideramos más importantes. Pero estos fines no tienen ni mucho menos por qué ser “egoístas”, esto es, el beneficiario de nuestras acciones no tiene que ser uno mismo: pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro vecindario, nuestra comunidad, nuestro país, el arte, el medio ambiente, los pobres, etc. Los motivos que autorrealizan a una persona pueden ser todos ellos y el libre mercado no es incompatible con ninguno de los anteriores. Ahora bien, precisamente porque los recursos son escasos, es preciso economizarlos: no todas las acciones, por altruistas que sean, se pueden llegar a acometer. Si yo destino mi tiempo a ayudar a los pobres, no puedo destinar ese mismo tiempo a replantar bosques o a ver el televisor. Hay que priorizar (elegir unos fines y rechazar otros) incluso a la hora de no centrar mi vida en satisfacer mis muy individuales necesidades.
Y si en el terreno de los “fines”, el libre mercado no va necesariamente enfocado a satisfacer las egoístas necesidades personales (aunque ciertamente podría hacerlo), en el de los “medios” desde luego no gira todo en torno a la competencia salvaje. Es verdad que muchas veces solemos explicar el libre mercado como un sistema económico basado en la libre competencia, pero esto sólo es cierto de manera muy parcial y matizada. Un mercado libre es un sistema asentado sobre la división del trabajo, y es evidente que toda división del trabajo tiene un componente esencialmente cooperativo: yo me especializo en producir zapatos, tú en producir ordenadores, de modo que terminaremos intercambiando zapatos por ordenadores en beneficio mutuo. El ser humano es un ser hipersocial: salvo excepciones muy contadas, sería incapaz de vivir aislado del resto de la sociedad. También en economía: un sistema económico es una red de contratos e intercambios, esto es, una red de cooperación voluntaria y pacífica. El empresario tiene una serie de proveedores, distribuidores, trabajadores, accionistas y clientes, todos los cuales cooperan entre sí para que la empresa salga adelante. Sin cooperación no habría división del trabajo y no habría capitalismo. Por consiguiente, reducir el capitalismo a la competencia salvaje es profundamente equivocado: en cualquier economía de mercado, las relaciones de cooperación y complementariedad son muchísimo más abundantes que las de competencia. De hecho, cualquier persona en una economía de mercado sólo es capaz de satisfacer la inmensa mayoría de sus fines si previamente genera riqueza para los demás(contribuye a satisfacer los fines de los demás): antes de obtener cualquier renta, tenemos que contribuir a fabricar bienes y servicios no para nosotros, sino para los consumidores (para el resto de la gente). Pura cooperación social.
Por eso, además, la reflexión que hace Felber sobre la imposibilidad de que el egoísmo individual conduzca al bien común está equivocada. Como decíamos, el egoísmo no tiene por qué ser la motivación principal de los individuos, pero podría serlo. De hecho, está claro que una parte de nuestra naturaleza es egoísta (aunque sólo sea para sobrevivir: yo tengo que comer, yo tengo que protegerme del frío…). Por tanto, lo ideal es disponer de un sistema donde, incluso cuando la gente se comporte de manera egoísta, contribuya a ayudar a los demás fabricando los bienes que ellos necesitan. La configuración cooperativa del capitalismo hace que sea inherentemente altruista (incluso cuando la gente sólo persigue su provecho personal, sólo puede alcanzarlo satisfaciendo las necesidades ajenas): por supuesto, el sistema puede ser todavía más altruista si así lo desean las personas, pero por defecto lo es en un grado muy considerable como consecuencia de la cooperación social a gran escala en la que se basa.
Pero, en efecto, dentro de un mercado libre también existe competencia y lo cierto es que juega un papel fundamental. Precisamente porque en un mercado libre todo el mundo se coordina entre sí para producir para los demás, existe una incertidumbre gigantesca acerca de dos cuestiones: qué hemos de producir y cómo lo hemos de producir. Recordemos que los fines de todas las personas ni son idénticos ni se priorizan del mismo modo, de ahí que sea tremendamente incierto qué bienes hemos de producir en cada momento del tiempo y qué medios empleamos para ello: utilizar los recursos de un modo implica no utilizarlos de otro, por lo que unas personas tendrán que renunciar a algunos de sus fines para que otras satisfagan los suyos. Como el mercado libre es un sistema cooperativo, el mecanismo de asignación de quién puede satisfacer qué fines es el siguiente: quien contribuye a satisfacer muchos fines de muchas otras personas (quien aporta mucho al grupo) puede satisfacer muchos fines suyos (puede retirar mucho del grupo). De nuevo, esto no presupone que quien retire mucho del grupo vaya a gastarlo para sí mismo, pues bien puede regalarles a los demás (donaciones), la riqueza que le corresponde, simplemente es una regla equitativa de que “quien da más, recibe más”.
Ahora bien, ¿cómo discriminamos quién aporta más o menos al grupo cuando, ahora mismo, somos 7.000 millones de personas? Es complicado, sí, pero existe un mecanismo muy eficaz: el sistema de precios. Si yo me lanzo a crear una empresa y a producir un bien que los demás escojan comprar voluntariamente, seré capaz de venderlo a un determinado precio, obteniendo unos ciertos ingresos en función de la cantidad vendida. Con esos ingresos, he de cubrir mis costes, esto es, los precios que me exigen todos aquellos (trabajadores, proveedores, etc.) que colaboran voluntariamente conmigo en mi plan empresarial. Si los ingresos cubren los gastos (si tengo beneficios) eso significa una cosa: el bien fabricado es más importante para los consumidores que los otros usos alternativos que se hubiese podido dar a los factores productivos implicados en mi empresa. Por tanto, desde un punto de vista social (del bien común) hemos hecho lo correcto: los fines que los bienes fabricados permiten lograr son tan importantes para los consumidores que cubren (vía remuneraciones) los fines alternativos que habrían podido perseguir los factores productivos de no estar implicados en su producción.
Ahora bien, y aquí es donde entra el rol esencial de la competencia, ¿cómo sabemos que no sería mejor producir otras cosas? ¿O cómo sabemos que no podemos producir las mismas cosas de una manera más acertada (por ejemplo, implicando a un menor número de personas que, gracias a ello, pueden dedicarse a producir otros bienes)? Simplemente no lo sabemos: el mercado es un proceso continuo de prueba y error para descubrir los cursos de acción colectivos más adecuados. Y para ello nos hace falta la competencia: necesitamos que cualquier persona, si logra convencer a suficientes otras personas, pueda montar una empresa que pueda ofrecer al mercado un producto que los consumidores valoren más que los otros que hasta ese momento se les ofrecían. De esa manera, los distintos modelos de negocio (potencialmente infinitos) se comparan los unos con los otros, permaneciendo aquellos que el resto de la gente considere mejores.
Cuando un empresario compite por maximizar sus beneficios, simplemente está persiguiendo satisfacer las necesidades del mayor número de personas haciendo uso de los menores recursos posibles (para que queden disponibles un mayor número de ellos en otras finalidades). Por consiguiente, en sí misma la competencia por maximizar los beneficios no es problemática; otra cosa es que no toda maximización de beneficios sea positiva: robar o defraudar puede maximizar los beneficios de ciertas personas a costa de otras. Pero el robo o el fraude no son algo que el liberalismo vea con buenos ojos, sino su misma negación: un ataque a la propiedad privada y los contratos; de ahí que deban ser combatidos por los tribunales. Con esas salvedades, maximizar los beneficios es algo totalmente necesario para que esa gigantesca división cooperativa del trabajo que implica a miles de millones de personas dé sus frutos.
Dicho de otra manera, la competencia no es imprescindible, como cree Felber, por ser un elemento “motivador”, sino como un mecanismo que nos permita seleccionar dinámica y descentralizadamente a qué proyectos productivos debe orientarse esa enorme división del trabajo que suponen 7.000 millones de personas. No es una herramienta para chutarnos de entusiasmo, sino para vencer nuestra ignorancia sobre qué y cómo debe comportarse esa división del trabajo.
Los problemas que Felber asocia con el capitalismo son, en realidad, fruto de la intervención del Estado en el capitalismo para alterar los resultados que pacíficamente las personas habían escogido: la limitación de la competencia sólo es posible si el Estado prohíbe (o dificulta enormemente) que se creen nuevas empresas en un determinado sector para proteger y privilegiar a las ya existentes, las hambrunas son el resultado de la falta de capitalismo y globalización en los países pobres (ninguno de ellos ha tenido sistemas de protección de la propiedad privada y de los contratos y, de hecho, cuando han comenzado tímidamente a tenerlos, han empezado a crecer, a generar riqueza y a abandonar las hambrunas), la destrucción ecológica es consecuencia de la insuficiente asignación de derechos de propiedad sobre el entorno (contaminamos aquellos que “es de todos” y por tanto donde el coste se diluye entre la colectividad: es lo que se conoce como tragedia de los comunes), la acumulación de bienes materiales no es un resultado necesario del capitalismo pues es perfectamente legítimo que la gente prefiera trabajar menos (más tiempo libre) a costa de consumir menos (de hecho, el capitalismo no se basa en el consumismo, sino en el ahorro y la austeridad) y la democracia sólo se pervierte cuando el Estado posee tanto poder de discreción sobre la economía, que los lobbies pasan a organizarse para obtener regulaciones a su favor y en contra de la competencia.
Las otras dos lacras que Felber asocia con el capitalismo en realidad no son tales. Por un lado, que un gestor de un hedge fund cobre muchísimo más que un jardinero es algo perfectamente razonable, pues el gestor del hedge fund es el encargado de distribuir a lo largo de la economía millones y millones de euros, financiando ciertos proyectos empresariales y dejando de financiar otros. Si acierta, su contribución a la creación de riqueza de muchísima gente es enorme; si fracasa, el daño que genera es también monumental (lo que debería concluir en su despido… a menos que el Estado lo rescate); la contribución del jardinero podrá ser relativamente importante pero sólo para aquella persona cuyo jardín es adecentado (o cuyos hijos son cuidados, en el caso de una niñera) y no para millares o millones de personas. No es en absoluto comparable. Por otro, la desigualdad ni es algo inherente al capitalismo (la gente puede voluntariamente donar su dinero a los más desfavorecidos, no es necesario ningún Estado que lo imponga) ni, sobre todo, tiene por qué tener efectos tan devastadores como se le suponen: Singapur, por ejemplo, es más desigual que España, pero todos los estratos de renta son más altos que aquí.
En suma, Felber realiza una descripción muy equivocada del libre mercado: ni va necesariamente asociado con el egoísmo, ni se basa exclusivamente en la competencia, ni la competencia tiene como propósito motivar al personal, ni los perjuicios que se le imputan son tales. De hecho, el capitalismo podría ser un buen marco nomocrático donde un grupo de personas tratara de promover muchas de las metas de la EBC, como preservar el medio ambiente o luchar contra la desigualdad. Tan sólo deberían asociarse voluntaria y pacíficamente para solicitar tiempo y recursos al resto de personas: ni siquiera necesitarían convencer a la mayoría de individuos para promoverlos, pues con que varios miles les apoyaran, ya obtendrían financiación (voluntariamente donada por parte de personas altruistas) para lograr esos objetivos.
Sin embargo, la EBC no se basa en la persuasión y la voluntaria cooperación de los implicados para alcanzar fines que todos ellos compartan. No, como a continuación veremos, Felber impulsa una agenda de reformas dirigida a recortar violentamente las libertades del resto de seres humanos. El propio Felber admite que la EBC no se puede implementar apelando a la “motivación intrínseca”, hace falta la coacción del Estado:
Sin lugar a dudas [sería preferible que la economía del bien común se basara en la motivación intrínseca]. Pero eso sólo puede ser un objetivo a largo plazo. En primer lugar, son todavía muy pocas las personas motivadas principalmente de manera intrínseca; han aprendido a seguir incentivos y objetivos externos. Y relacionado con esto, el segundo y más importante motivo: si dejáramos a día de hoy a las empresas decidir libremente cómo se comportan, es cierto que algunas elegirían la orientación del bien común, pero otras no, porque muchos de nosotros hemos interiorizado valores asociales como el egoísmo y el comportamiento competitivo, y los viviríamos. Y estos otros se impondrían, porque en la dinámica del sistema actual la empresa con el mayor beneficio económico gana a la competencia. Es decir, se tendría que suprimir el actualmente válido marco legal para la economía. ¿Ha llegado el momento para esto? Como ya dijo Aristóteles: <>. Esa perspectiva sigue siendo válida. Dado que nosotros como humanidad estamos tan lejos, se necesitan normas obligatorias.
Por tanto, hasta que desde el Estado se “construya un hombre nuevo”, será necesario reprimir a los “hombres viejos” para que se comporten rectamente. Y así entramos en la alternativa al mal descrito capitalismo: la Economía del Bien Común.
La Economía del Bien Común en funcionamiento
La idea fundamental de la Economía del Bien Común es que, bajo el capitalismo, el beneficio monetario no sólo se ha convertido en un objetivo en sí mismo (en lugar de en un medio para alcanzar el bien común) sino que, aun cuando tuviera un carácter meramente instrumental, sería necesario redefinir el beneficio para que verdaderamente permitiera alcanzar el bien común: “el beneficio de una empresa sólo ofrece información de cómo se sirve a sí misma, pero no de cómo sirve a la sociedad”. Es aquí cuando Felber introduce la idea de un “balance del bien común”, que no sólo mida los beneficios monetarios sino también si una empresa crea o destruye empleo, la calidad de sus puestos de trabajo, las formas justas o injustas de reparto de sus beneficios, el trato igualitario entre hombres y mujeres o el cuidado del medio ambiente: “deberíamos medir directamente en las empresas aquello que anhelamos en vez de desviarnos a través del beneficio financiero que dice realmente muy poco de la auténtica finalidad”.
Muchos de estos objetivos tienen una naturaleza marcadamente abstracta y son difíciles de medir, pero Felber propone echar mano, por ejemplo, de los indicadores sobre Responsabilidad Social Corporativa que ya existen. Además, una sociedad democrática orientada al bien común tendería a ir mejorándolos y volviéndolos más precisos “de la misma manera que los instrumentos de medición física son cada vez más precisos porque desde hace tiempo hay suficientes personas que trabajan meticulosamente en mejorarlos”. Los criterios y valores que debería incluir este balance del bien común son potencialmente muy diversos. Felber propone la gestión ética de los suministro, la gestión ética de las finanzas, la calidad del pues de trabajo y el reparto justo del volumen de trabajo, la venta ética, la solidaridad con los copropietarios, los efectos sociales de la comercialización de un determinado producto y su aportación al bien común, el no quebrantamiento de las normas de la OIT o no recurrir a OPAs hostiles sobre otras empresas. Sin embargo, los elementos concretos que en cada circunstancia social conformen el “bien común” deberán ser debatidos y aprobados en asambleas democráticas: “El balance del bien común se puede actualizar y ajustar en cualquier momento. La soberanía siempre lo empezará y acabará”.
Ahora bien, no hay que pensar que el balance del bien común es una especie de balance financiero pero interiorizando el “valor social” de los elementos anteriores. El propósito del balance es obtener una puntuación entre 0 (máximo incumplimiento y máxima falta de respeto a los valores del bien común) y 1.000 (máximo cumplimiento). A cada escala de puntuaciones se le asignará un color (de 0 a 200 el rojo; de 201 a 400, el naranja; de 401 a 600, el amarillo; de 601 a 800, el verde claro; y de 801 a 1.000, el verde) que permita a los consumidores y a las administraciones discriminar entre las empresas cumplidoras y las incumplidoras. Además, si una empresa se relaciona con otra que posea una alta nota en ese ránking, su puntuación también mejorará. Nótese especialmente la inclusión de las administraciones públicas entre las entidades que deben tener en cuenta ese balance, porque “cuantos más puntos del bien común consiga una empresa, de más ventajas legales debe disfrutar” (entre ellas: reducción del IVA de sus productos, menores aranceles, créditos bancarios más laxos o ayudas directas).
Felber obviamente es consciente de que tales balances podrían ser manipulados por las empresas para obtener un lucro ilegítimo, de ahí que proponga un sistema de auditorías muy parecido al que existe actualmente para controlar las cuentas financieras de las empresas: los auditores del bien común se dedicarían a verificar que las cuentas de las compañías no han sido falseadas y que, por tanto, tienen un derecho legítimo a beneficiarse de los favores de los consumidores y del Estado.
Una vez establecido cuál es el balance del bien común de cada empresa queda, sin embargo, una cuestión por resolver: ¿qué hacemos con los beneficios financieros? Recordemos que el balance del bien común no suprime los sistemas de contabilidad tradicionales, sino que “los complementa”. El beneficio monetario deja de ser el único criterio de actuación de una empresa y pasa a estar subordinado al balance del bien común (de hecho, una empresa puede experimentar pérdidas monetarias pero obtener una muy elevada puntuación en el balance del bien común, lo que debería llevar al Estado a cubrir esas pérdidas mediante ayudas). Se extingue así lo que Felber llama ‘la obligación del crecimiento’: “Esta obligación era el resultado de la combinación de medir el éxito mediante indicadores monetarios (orientación al beneficio financiero) y la competencia. Si estoy en competencia con otras empresas, tengo obligatoriamente que conseguir un mayor beneficio financiero que ellas porque si no mi calificación de crédito empeora, se encarece mi financiación o directamente mi empresa es absorbida (…) El crecimiento es inmanente al sistema, ya que éste está programado para perseguir el beneficio y la competencia”.
La EBC supone “desprogramar” al sistema de la búsqueda de beneficios financieros, pero aun así los beneficios podrían seguir apareciendo (no se buscan, pero tampoco se busca no obtenerlos). ¿Qué hacer en ese caso con ellos? Felber propone permitir algunos usos de los beneficios y prohibir otros. En concreto:
- Usos permitidos
- Inversiones: Los beneficios pueden reinvertirse dentro de la empresa, pero de nuevo no todas las inversiones son lícitas. Invertir en energías renovables es una buena idea; “talar selvas, establecer granjas masivas de animales, fabricar todoterrenos de veinte litros de consumo”, no. Sólo deben fabricarse aquellos bienes con “valor social y ecológico añadido”; un valor que debería ser determinado por la comunidad democrática de ciudadanos.
- Aumentar las reservas del capital propio: Amortizar deuda con los bancos.
- Reparto de los beneficios entre los colaboradores: Parte de los beneficios se pueden repartir entre los que han estado trabajando en la empresa (no a los capitalistas), pero en la EBC ha de haber salarios máximos para evitar las desigualdades, de modo que no podrá repartirse más que ese monto.
- Préstamos a otras empresas: Se pueden extender préstamos a otras compañías para “ayudarlas”, pero sin cobrarles intereses.
- Usos no permitidos
- Reparto de los beneficios entre los propietarios que no trabajan en la empresa: Felber propone erradicar la figura de los rentistas. Sólo están legitimados a percibir rentas de la empresa aquellas personas que trabajen en ella (ya sean trabajadores o directivos), pero no quienes se han limitado a aportar capital para que pueda iniciar y desarrollar sus actividades. El pago de dividendos, por tanto, queda prohibido en la EBC.
- Adquisición y fusión de empresas: Los beneficios no se pueden emplear para adquirir empresas en contra de su voluntad (OPAs hostiles). Según Felber, “si las empresas ya no están orientadas al beneficio, se pierde casi por sí sola la orientación al crecimiento como finalidad”. Como las empresas ya no se obsesionan con crecer para lograr el crecimiento, cada una de ellas podrá aspirar a lograr su “tamaño óptimo”, que Felber por supuesto no define.
- Inversiones financieras: Los beneficios no pueden destinarse ni a adquirir empresas ajenas ni a prestarles dinero a interés. “Las empresas deben obtener sus ingresos solamente a través de los productos que fabrican o de los servicios que prestan, no a través de operación financiera. Un peluquero está ahí para cortar el pelo o aplicar un tratamiento facial, no para hacer más y más dinero”.
- Donaciones a partidos políticos: Sólo las personas físicas deben poder financiar a los partidos políticos, no las empresas.
Desprogramado el sistema de la obsesiva búsqueda de beneficios a costa de la competencia y de los trabajadores, queda compañía podrá ofrecer un trato más armónico y cooperativo al resto de empresas y de trabajadores.
Por un lado, entre las empresas se tenderá a establecer una “cooperación estructural”: “Cuanto más se abran paso las empresas a codazos, cuanto más agresivas se comporten frente a las demás, más empeorarán sus balances del bien común y se incrementará el riesgo de que quiebren. Por el contrario, cuanto más cooperen y se ayuden unas a otras, mejores serán sus estados en el balance del bien común y más real será la posibilidad de que sobrevivan. En cualquier caso, no a costa de los demás, sino con su colaboración. Del actual sistema ganar-perder, pasamos a uno en el que ganan todos”. Esa cooperación estructural se plasmaría en compartir conocimientos, traspasar pedidos, ceder mano de obra u ofreciendo préstamos sin intereses, y en evitar el dumping o las absorciones involuntarias.
Además, tanto por la asistencia mutua cuanto por las ventajas que de ella se derivan para el balance del bien común, “en comparación con la economía capitalista competitiva, la quiebra es improbable en la economía del bien común”. Si, por ejemplo, se produce una crisis en un determinado sector (sector de las máquinas de escribir con la invención de los ordenadores) “todas las empresas de un sector afectado preparadas para cooperar podrían convocar un comité de crisis o de cooperación para discutir conjuntamente” sobre diversas cuestiones (reducir entre todas los horarios comerciales, recortar los puestos de trabajo y organizar cursos de formación ocupacional, cerrar áreas del negocio y buscar ocupación para los afectados, fusionar voluntariamente varios negocios afectados siempre que el resultante no sea muy grande o reorientar hacia nuevos sectores los negocios afectados). Además, el “parlamento económico local” también podría implicarse en esta cuestión. En todo caso, las empresas que se disolvieran no serían las que contaran con un peor balance financiero, sino con un peor balance del bien común.
Por otro, los trabajadores también saldrían, según Felber, enormemente beneficiados de la EBC. Primero porque se convertirían en los únicos socios de la empresa, repartiéndose los beneficios financieros que se obtengan. Pero este reparto, como sabemos, no sería ilimitado, pues en la EBC existirían salarios mínimos y máximos que limitaran la desigualdad: el salario mínimo podría fijarse, orientativamente, en 1.250 euros mensuales y el máximo sería un múltiplo de este (por ejemplo, diez veces más). Además, el pleno empleo estaría asegurado porque, aunque siempre habrá algunas quiebras dentro de la economía, se obligará a cada trabajador a tomarse un año sabático por década: “[De este modo] se liberaría alrededor del 10% de puestos del mercado laboral. Sólo con esta medida se resolvería la cuestión del paro en la Unión Europea; los que estén haciendo una pausa, estarían de año sabático. Durante este año sabático percibirían el salario mínimo legal o bien un sueldo fijado de manera democrática”. Ahora bien, si circunstancialmente hubiese personas desempleadas y sin renta, debería entregárseles unos “ingresos solidarios de emergencia” que podrían equivaler a dos tercios del salario mínimo.
Con todo ello (salarios dignos y pleno empleo), Felber considera que las pensiones públicas serían completamente seguras. En su opinión, si los sistemas públicos de pensiones tienen problemas es por los intereses espurios de bancos y aseguradoras por apropiarse de ellos: “Desde hace un siglo, la población envejece rápidamente. Y eso no ha sido un problema financiero para las pensiones hasta que el mercado asegurador privado ha instaurado la mayor patraña posible a nivel internacional para sacar provecho. En la EBC ya no van a existir bancos ni aseguradoras enfocadas al beneficio, el sistema financiero se va a convertir en un bien público. Las pensiones, y por ende su reparto, no van a ser por ello menos seguros”.
Hasta aquí el funcionamiento ordinario de la EBC según Felber: de lo que se trata, en el fondo, es de que los beneficios financieros logrados en un entorno de voraz competencia no sean un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar el bien común. En el epígrafe anterior ya tuvimos ocasión de explicar que los beneficios financieros logrados de manera voluntaria en un entorno de libre y no privilegiada competencia sólo eran un indicio de que el valor de los bienes que una empresa estaba creando era superior al de los bienes alternativos que hubiese podido crear: como cualquier mente humana es incapaz de, primero, conocer y, luego, comparar las muy diversas y cambiantes valoraciones que efectúan los miles de millones de personas con las que, en última instancia, está cooperando en el mercado, se utilizan parámetros más sencillos que sí puedan monitorizarse y que indiquen que la pacífica cooperación social está siendo mutuamente beneficiosa para todos los que participan en ella: los beneficios financieros.
Por consiguiente, es falso que los beneficios financieros se hayan convertido en un fin en sí mismo: el fin sigue siendo cooperar pacífica y provechosamente en un contexto amplísimo de división del trabajo. Lo que sucede es que, como esa cooperación con miles de millones de personas de todo el planeta se vuelve necesariamente impersonal (no cooperamos con nuestro vecino, sino con personas de todo el globo a las que no conocemos), la única forma de averiguar si todos estamos saliendo ganando en cada momento (si cada unidad empresarial acierta o yerra) son los beneficios. La demonización que Felber efectúa de los beneficios financieros se aprovecha, sin embargo, de dos puntos que sí tienen una cierta razón de ser: primero, los beneficios no son buenos indicadores del bien común si no internalizan los costes implicados en su obtención; segundo, los beneficios obtenidos por medios violentos, tampoco son un buen indicador del bien común.
En cuanto a la internalización de costes, dado que los beneficios proceden de comparar la utilidad de los bienes fabricados (ingresos) con la utilidad de los bienes no fabricados (costes de oportunidad plasmados en costes monetarios), si algunos costes no se integran en el cálculo de los beneficios, la cifra estará sesgada al alza. Por ejemplo, si produzco aceite robando las aceitunas, obviamente mis beneficios serán mayores de lo que realmente son. Por tanto, en la medida de lo posible todos los costes de oportunidad deberían internalizarse para que los beneficios sean un buen indicador de creación de “bien común”. Todo eso es cierto, pero Felber se aprovecha de ello para caricaturizarlo impropiamente; así, el austriaco alega que existen costes sociales ocultos que no se incorporan al proceso productivo y que es preciso tener en cuenta: desigualdad de trato hombres-mujeres, calidad del puesto de trabajo o remuneraciones justas.
Y aquí ya nos topamos con una primera trampa: a los costes hay que darles una valoración y la valoración sólo puede ofrecerla el damnificado por el coste. Como decíamos al comienzo, no todos los bienes o valores tienen para todos la misma importancia, de manera que si queremos alcanzar un auténtico bien común que no sea sólo un “bien mayoritario” impuesto coactivamente sobre una minoría será menester que cada cual pueda expresar descentralizadamente sus preferencias. O dicho de otra manera, la manera de internalizar los costes es a través de contratos y de derechos de propiedad sobre bienes individuales o comunales: por ejemplo, si un hombre se siente discriminado en su puesto de trabajo y eso le genera malestar, tenderá a exigir en ese puesto un salario superior al que percibiría en otro puesto de trabajo donde no le discriminaran. Si, en cambio, la ley prohíbe que un hombre exija un salario distinto por ocupaciones aparentemente análogas, la ley impedirá internalizar los costes. Ergo, donde existe propiedad y contratos bien definidos, el mercado ya tiende a internalizar los costes reflejados en los beneficios financieros; el problema surge en los ámbitos en los que esa propiedad no está bien definida (tragedia de los comunes sobre, por ejemplo, el medio ambiente). El camino a que los beneficios financieros sean un mejor parámetro del bien común pasa, pues, por extender la propiedad privada y la posibilidad de perfilar los contratos libres: por más mercados libres y más capitalismo.
Vinculado con esto, nos topamos con la otra trampa de Felber: dar a entender que, como los beneficios son tan relevantes bajo el capitalismo, cualquier medio utilizado para acceder a ellos es válido. No lo es precisamente por lo anterior: sólo cuando los beneficios se obtienen voluntaria y pacíficamente, los beneficios serán un buen indicador de una cooperación social mutuamente beneficiosa. Si mis beneficios se derivan de externalizar coactivamente mis costes sobre un tercero, es evidente que esos beneficios no reflejan las bondades de la cooperación social: unos ganan, otros pierden. Casualmente, por cierto, esta externalización coactiva de costes es a lo que se dedica el Estado.
Y, de nuevo, no olvidemos que la obtención de beneficios financieros no es necesariamente un fin en sí mismo: los beneficios sólo reflejan que la cooperación social en el ámbito de la producción y distribución inicial de los bienes ha sido de provecho para todas las partes. Pero ello no quita que pueda haber una distribución secundaria que, para que siga siendo mutuamente beneficiosa para todos, tendrá que seguir siendo voluntaria (quien ha generado mucha riqueza, es libre de redistribuirla como mejor conveniente crea).
El austriaco, sin embargo, pretende que la internalización de costes se haga mediante la creación del “balance del bien común”, esto es, pretende que la mayoría acuerde ciertos “valores sociales” objetivos que se impongan a todos a través de una escala de colores que refleje el grado de cumplimiento o incumplimiento. De entrada, su propuesta se topa con el problema expuesto al principio: no existen jerarquías de valores uniformes para todos los individuos.
Felber no es en absoluto consciente de este problema, pues se limita a explicarnos que ya existen indicadores privados que miden razonablemente bien el grado de cumplimiento de esos objetivos abstractos. Pero medir con precisión si, por ejemplo, el medio ambiente sale perjudicado de una actividad no es lo mismo que valorar ese perjuicio: ¿qué importancia relativa tiene frente al resto de valores? Lo más sencillo es aseverar que tiene una importancia “absoluta”, pero es evidente que no es así: por ejemplo, ¿habría que prohibir cualquier producción de alimentos que genere algún daño al medio ambiente? Parece claro que no, pues no morir de hambre parece más importante que ahorrarle algún daño a Gaia. Pues lo mismo sucede con todos los demás, sobre todo cuando se pretende que una asamblea dictamine la escala social de valores.
mayo 21st, 2013 a las 21:51
En este artículo sintetizas magistralmente los fundamentos del capitalismo desde la óptica austríaca que tan ocultos están a los ojos de la inmensa mayoría de sus detractores.
mayo 21st, 2013 a las 22:05
mayo 21st, 2013 a las 23:36
mayo 21st, 2013 a las 23:48
2) El asamblearismo no funciona, primero por falta de incentivos para estar informados (ignorancia racional), por sesgos muy serios en la elección democrática (mito del votante racional) y por incapacidad cognitiva para adquirir y procesar toda la información necesaria (imposibilidad del cálculo económico).
mayo 22nd, 2013 a las 0:57
A mi lo que me parece muy bien es que el consumidor este bien informado y que con su poder de compra/ de elección decida libremente a que empresa favorece o no segun sus valores.
mayo 22nd, 2013 a las 2:04
mayo 22nd, 2013 a las 13:13
mayo 22nd, 2013 a las 13:51
Yo no estoy de acuerdo que el sistema de precios sea la mejor manera de medir quién aporta más o menos al grupo, pues se trata de un valor incapaz de agregar adecuadamente el valor de muchos parámetros. Puede valorar la escasez de un bien, su utilidad, pero nada más. No sirve para medir las consecuencias negativas o positivas que un bien aporta a la comunidad.
Creo que es una cuestión ideológica en la que es difícil convencer o ser convencido, pues se trata de la concepción o el deseo que cada cual tiene acerca de la relación Individuo-Comunidad.