La reciente rebaja de la calificación de la deuda pública de tres miembros de la eurozona no hace sino reflejar la coyuntura en que nos encontramos: en la rampa descendente donde nos puso la crisis de la deuda griega, hace ahora dos años. Es una rampa irregular, con algún rellano o descansillo, que coincide con las reuniones de los responsables políticos de la zona, pero con una pendiente cada vez mayor: la rebaja de la calificación, debida a la escasa confianza en las perspectivas de crecimiento de los países, aumenta el coste de financiación de los Estados; aumenta con ello su déficit; y como los ingresos no aumentan, porque la economía no crece, la contención del déficit exige una contracción del gasto público, lo que reduce el nivel de actividad y empeora las perspectivas de crecimiento, lleva a una nueva rebaja de la calificación, y vuelta a empezar.
Desde hace dos años, la situación de la economía griega no ha hecho más que empeorar. Lo mismo ocurre en el resto de países periféricos, y lo sucedido en los últimos días nos indica que el contagio se está extendiendo a los países centrales de la zona euro. En este momento, las perspectivas son peores de lo que eran hace dos años, y nadie se atreve a hablar de mejora.
Sobre los países centrales de la eurozona recae la responsabilidad de sugerir soluciones, que los periféricos han de acatar, como suele suceder en cualquier conflicto entre acreedores y deudores. Pero en esta ocasión, los acreedores parten de un diagnóstico incorrecto de la situación, sugieren soluciones que no son tales, y se han resistido a abordar las únicas posibles. El diagnóstico es incorrecto, porque el origen de la crisis actual, si exceptuamos el caso de Grecia, no es la falta de disciplina fiscal, sino la explosión de una burbuja inmobiliaria financiada en gran parte con recursos externos. Los desequilibrios de las cuentas públicas han sido consecuencia de la recesión, y no su causa.
La disciplina fiscal es indispensable para cualquier economía bien llevada; pero, como en el contexto actual implica la contracción del gasto público, la exigencia de una disciplina fiscal estricta no hará más que retrasar la recuperación. Algo parecido puede decirse de las reformas estructurales: ayudarán a generar empleo y a sostener el crecimiento, una vez que la economía esté en marcha, pero no bastarán para invertir el signo de la coyuntura. Con la combinación de un mayor rigor fiscal y de una mayor flexibilidad en nuestra economía seguiremos deslizándonos por la pendiente. Las políticas que se nos proponen son adecuadas… para cuando ya estemos creciendo; pero no nos harán crecer.
Para que se inicie una recuperación, o al menos para que se detenga la caída, ha de estabilizarse el coste de la deuda. Para esa estabilización, no hay más solución que poner todos los recursos fiscales de la eurozona como garantía. Es la única forma de convencer a los inversores de que su dinero está a salvo.
Hay varias formas de hacerlo.
Todas ellas tienen inconvenientes; todas ellas suponen un mayor coste para los países más solventes. Ese mayor coste, sin embargo, es mucho menor que el que supondría, también para los países más solventes, una ruptura de la eurozona. Además, la estabilización del mercado de deuda podría traer consigo el inicio de una espiral virtuosa: menor coste de deuda, mayor margen para políticas fiscales expansivas, mayor crecimiento, menor déficit, menor coste de la deuda… y vuelta a empezar. Si esa espiral se pusiera en marcha, el contribuyente alemán, holandés o finlandés debería pagar algo más para financiar su deuda pública; pero no tendría por qué rascarse el bolsillo para pagar nuestras deudas, como se le está haciendo creer. Nosotros mismos pagaríamos nuestras deudas con los recursos generados por el crecimiento.
Los países acreedores han decidido que no se abordará una solución eficaz hasta que los miembros de la eurozona hayan jurado solemnemente portarse bien. Es el fiscal compact,o compromiso fiscal, que no llamaremos pacto fiscal por no confundir. Al parecer, la adopción de ese compromiso es un requisito indispensable para que la opinión pública alemana acepte una mayor implicación en la solución del problema de la deuda.
Es una opinión bastante general que, en sí, el compromiso no servirá de gran cosa, a menos que vaya acompañado de una extensión significativa de las competencias de autorización de los presupuestos nacionales por parte de alguna autoridad europea. Y esa extensión de competencias requiere, para su aprobación, de trámites laboriosos, cuyo resultado no puede darse por descontado. Es verdad que la misma duración de esos trámites servirá para comprobar que los países periféricos se toman en serio lo del rigor fiscal, yque ponen en marcha las reformas estructurales deseadas. Pero la estrategia no deja de presentar grandes riesgos, porque el tiempo corre en contra de la eurozona.
Por una parte, puede ocurrir un accidente en cualquier momento, de tal forma que ni una intervención de emergencia del BCE, que sin duda se produciría, bastaría para mantener la financiación de alguno de los Estados miembros. Por otra parte, a medida que se deteriora la economía de los países periféricos, aumenta el esfuerzo que se pide a los más solventes; para todos, cada día parece ser menos atractiva la supervivencia del euro.
Urge adoptar soluciones de verdad y es indispensable no olvidar que la ruptura es mucho peor para todos que esas soluciones.
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